El Ayuntamiento de Ponferrada cedió de forma irregular parcelas para 2.000 pisos, según el periódico

Público se hace eco del escándalo urbanístico de Ulibarri en Ponferrada

El periódico nacional relata el ‘imperio’ del imputado por el caso ‘Gürtel’

L.C. Ponferrada
Los periódicos nacionales también se hacen eco del sospechoso ‘imperio’ conseguido por el empresario José Luis Ulibarri,propietario de las empresas del grupo Begar y uno de los imputados en la trama de corrupción investigada por el JuezBaltasar Garzón.
Primero fue El País y ahora es Público, otro periódico de tirada nacional, el que también ha puesto de manifiesto la construcción de viviendas ilegales construidas por el empresario José Luis Ulibarri gracias a la concesión en el año 2002, por parte del Ayuntamiento de Ponferrada, “de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que operaba en feudos del PP”.
En este sentido, el diario también explicó que tal concesión fue anulada por dos sentencias firmes “por falta de publicidad y concurrencia, así como por recalificación improcedente del suelo”, dos sentencias que nunca se han ejecutado.
Este proceso, denominado por Público, de “opaco” permitió que la empresa de Ulibarri “amasará 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta cinco veces por debajo de los que establecía el mercado en aquel momento”.
La actuación urbanística realizada en el barrio ponferradino de la Rosaleda permitió, según el rotativo, que “se concedieran casi 2.000 parcelas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular”. La iniciativa se gestó, según añade el periódico, en junio de 2002. Carlos López Riesco,añade la información, fue quien culminó las adjudicaciones en septiembre de 2002.
“El proyecto está trufado de irregularidades desde sus orígenes y así lo han certificado los tribunales. Para diseñarlo, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero los cambios fueron anulados de forma firme, por ilegales, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2007. Ya en 2005 había fallado en contra, pero la urbanización siguió construyéndose a todo tren, sin que la sentencia tuviera efectos prácticos”.
El rotativo asegura, que“la sentencia del TSJ certifica que se aumentó la densidad para viviendas de forma desproporcionada de 30 a 70 por hectárea, se multiplicó por cuatro el terreno destinado a vivienda y además se suprimió el 10% previsto para equipamientos generales”.
Otra sentencia puso de manifiesto otra gran irregularidad, el pliego de condiciones de reparto de las parcelas establecido por la Sociedad Municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), una empresa municipal creada en 2000. Las concesiones han sido también anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en otra sentencia firme del 11 de abril de 2008.
El tribunal considera que no se respetó el principio de publicidad y de concurrencia. “Se anulan las concesiones por disconformidad con el ordenamiento jurídico”, señala en el auto de 2008, que ratifica otro de 2007.
El artículo del periódico nacionaltambién puso de manifiesto que las “polémicas concesiones tuvieron como máximo beneficiario a Ulibarri, aunque en distintos tiempos: en el primer acuerdo, de febrero de 2002, sus empresas aparecen camufladas en un mar de concesiones: se le asignaron 539 parcelas sobre un total de casi 5.000. Pero en otra acta de Pongesur, en septiembre del mismo año, Ulibarri acumula ya directamente 1.604 parcelas y la cifra se eleva hasta 2.016 si se incluyen las adjudicadas a Leocasa, de la que Ulibarri tiene el 50%”.
“En septiembre de 2002 ya no son 5.000 las parcelas adjudicadas a manos privadas, sino sólo 3.700 porque Pongesur se ha quedado 1.269. Por tanto, Ulibarri amasa al final casi el 60% del total de adjudicaciones privadas”.
El periódico también relata queen el reparto inicial “cuando Ulibarri aparecía simplemente como uno más se benefició a empresas que ni siquiera tienen en su objeto social nada relacionado con la construcción, como Pizarras Franvisa o Fernández de la Mata, dedicada a las instalaciones eléctricas. En el acta de septiembre, ambas empresas, así como Cymotsa, desaparecen del listado y sus parcelas pasan a constar directamente ya para Ulibarri”.
Público también explica que para esta operación el propietario de las empresas del Grupo Begar utilizó “a la promotora UFC, la misma que empleó para ganar en 2006 la concesión de Boadilla Park 169 viviendas en el municipio madrileño epicentro del caso Gürtel, en el punto de mira de Baltasar Garzón. El juez investiga si en la operación de Boadilla Ulibarri pagó tres millones de comisión a la trama. UFC era una empresa instrumental: pese al volumen de sus operaciones, en 2006 todavía no tenía empleados dados de alta en la Seguridad Social”.
La operación de La Rosaleda supuso, según el rotativo, “un negocio redondo para Ulibarri, que pagó por las parcelas un precio muy por debajo del precio de mercado: desembolsó 12,1 millones de euros para 185.045 metros cuadrados. Apenas 65 euros el metro cuadrado cuando en aquel momento en la localidad y en la provincia la media superaba los 300”.
Las condiciones, continúa el diario, “se estipulan en un documento notarial firmado el 27 de septiembre de 2002, tres días después de que el consejo de Administración de Pongesur limpiara las concesiones iniciales y otorgara ya a UFC parcelas para 1.604 viviendas. El documento tiene aspectos extraños a las contrataciones de la Administración pública al establecer el monto total a pagar en 28,8 millones de euros y luego desmenuzarlo en tres partes de muy distinta naturaleza”.
“La primera incluye 3,025 millones, que la parte vendedora “confiesa haber recibido de la parte compradora con anterioridad a este acto”. No se especifica ni cómo ni dónde se produjo el pago. Tampoco el momento, cuando la aprobación formal de las adjudicaciones había sido apenas tres días antes. La segunda parte es el único desembolso real de dinero a la que se comprometía Ulibarri en el momento de la firma: los 12,1 millones de euros que le sirvieron para lograr los 185.045 metros cuadrados edificables. La última parte corresponde a 13,26 millones de euros “en especies” a cuenta de futuras obras de urbanización en La Rosaleda. Sin presupuesto concreto. Ni controles. Ni plazos. Además, se hace constar que obras por valor de 2,99 millones ya se han realizado en el momento de la firma”.
El periódico también apuntó que las empresas de Ulibarri no sólo han hecho negocio vendiendo sus pisos, “sino también con la construcción de edificios en parcelas que ellos mismos vendieron a terceros, como la Torre de la Rosaleda, que con 28 plantas y 100 metros de altura es el edificio más alto de la Comunidad”. “En junio de 2004, UFC había revendido casi la mitad de las parcelas conseguidas en condiciones tan ventajosas y se reservaba para sí el espacio para construir 800 pisos”.
Ponferrada es la base desde la que se expandió el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcción, servicios de limpieza y medios de comunicación. La empresa opera en toda España.